Salvajina 26 Años de Despojo

Sobre la paz. (A propósito de Oslo)


Por:
Federico Pérez Bonfante
Profesor. Universidad del Valle
Afiliado a SINTRAUNICOL – Cali
Miembro de la ONG de DDHH NOMADESC
  
En la instalación de los diálogos de Oslo, tanto el pronunciamiento de las FARC como del gobierno Santos han dejado claro lo obvio: las posiciones son diametralmente distintas. A pesar del manejo que los medios de comunicación han dado al discurso pronunciado por Márquez, no se deben generar alarmas, oleajes de pesimismo o profundas preocupaciones, pues precisamente las partes han convenido sentarse en una mesa porque mantienen concepciones asimétricas en varios temas, quizá no en todos, pues hay cosas en las que las FARC y el establecimiento se parecen, por ejemplo en las acciones de guerra que ambos despliegan contra las comunidades indígenas. Lo que resultaría absurdo es que, por ejemplo, el partido Liberal y el Conservador instalaran una mesa de diálogo y negociación, pues entre estos partidos y sus mutaciones no existen diferencias reales, obsérvese cómo el Procurador Ordóñez, por ejemplo, borra cualquier asomo de disenso entre los unos y los godos.

En el discurso de instalación y en las posteriores declaraciones en la rueda de prensa, Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno Santos, ha dejado claro lo que persigue el Estado colombiano en este proceso: 1. Que las FARC acompañen las iniciativas de Restitución de Tierras y Reparación a Víctimas; 2. Que las FARC se constituyan en una organización política que actúe en el marco de la democracia vigente en Colombia[i]; 3. Que este proceso es entre las FARC y el gobierno; 4. Que este proceso no debe tomar mucho tiempo; 5. Que el modelo económico y de desarrollo no se somete a discusión, así como tampoco (6) el tamaño del Ejército. En este marco de cosas, además, el gobierno no está dispuesto a pactar un cese al fuego para adelantar las conversaciones.

En el caso de las FARC, el discurso de Márquez es opuesto al del gobierno en cada uno de los anteriores puntos: 1. Han señalado de la política de Restitución de Tierras es una trampa para el campesino; 2. Las FARC no creen en la democracia a la colombiana; 3. Las FARC insistieron en un proceso amplio con sectores de la sociedad, más allá del gobierno; 4. Asimismo insistieron que cinco décadas de guerra no se resuelven en pocos meses; 5. Las FARC consideran que la paz implica discutir el modelo de Estado, el modelo económico y de desarrollo y; 6. Para las FARC, el tamaño del Ejército debe reducirse una vez culminado con éxito un proceso de paz con la insurgencia.

Para que este proceso sea exitoso en los márgenes y alcances del mismo, quizá las partes deban comprender recíprocamente cosas: el gobierno Santos debería asumir que la paz SI pasa por el modelo de Estado, de desarrollo y económico, es la causa misma de la guerra; al tiempo que las FARC deberían entender que no todos los asuntos a transformar en el Estado y la sociedad colombiana se alcanzan concretamente en un proceso de paz.

Es un principio ampliamente validado, incluso Humberto de la Calle así lo dejo ver, que la paz va más allá del silenciamiento de los fusiles. En este sentido, la paz tiene mayor relación con las condiciones de vida digna que los ciudadanos puedan gozar en la sociedad que con el fin mismo de la guerra. Esas condiciones pasan, sin duda alguna, por la orientación económica, la concepción de desarrollo y el tipo de Estado que adopte una sociedad.

Para dar un ejemplo: la ciudad de Oslo es la que es en razón de decisiones sobre estos asuntos, por supuesto, también en razón a su continuo histórico y cultural. Por las mismas razones podemos afirmar que Bogotá, Cali, Barranquilla o Medellín son las ciudades que son, pues hacen parte de un país económicamente gobernado por la facultad de Economía de la Universidad de los Andes, el Banco Mundial, el FMI, el BID, la OMC, entre otras instituciones de inspiración neoliberal, teoría económica que lleva a cierta concepción y rol del Estado, al tiempo que entiende el desarrollo de una manera particular. El hecho de que tengamos cada vez más EPS´s y menos hospitales públicos, el hecho de que para poder adquirir una vivienda debamos pagarle a bancos privados altísimos intereses, así como el hecho de que se proponga a los jóvenes recién egresados de los colegios que para estudiar deban recurrir a préstamos al ICETEX y a la banca privada, entre muchas más situaciones, obedece al modelo económico, de desarrollo y de Estado, insisto.

Los resultados de esta orientación que nos ha gobernado por al menos tres décadas saltan a la vista: “Colombia solo supera a Haití y a Angola en desigualdad”[ii] mundial. Por allí comienza la guerra, pues la mayor parte de los muertos de este país no se deben al conflicto armado, sino que están vinculados con las condiciones de pobreza de la mayor parte de la población colombiana. Si el gobierno no admite esto, definitivamente no le interesa la paz. En lo que acierta el gobierno, parcialmente, es que este tema no tiene por qué tratarse con las FARC, exclusivamente añadiría yo, sino que debe discutirse y decidirse por el soberano de la democracia: el pueblo. Pero el gobierno no lo somete a diálogo con las FARC ni con el pueblo. Se reúne y acuerda la política económica colombiana con el Sr. Slim, el hombre más rico del mundo, con los Presidentes de las más devastadoras multinacionales o con los representantes del Banco Mundial, el FMI y el BID para Colombia. El gobierno no está prisionero al proceso con las FARC, ha dicho, pero el país si esta preso a las voluntades de un gobierno que obedece a la receta neoliberal que tiene en crisis a los Estados Unidos y a Europa.   

El proceso que ha iniciado debe constituirse en una oportunidad, más allá del gobierno y de las FARC, para que el pueblo colombiano redefina el rumbo del país luego de décadas de un modelo de Estado, económico y de desarrollo que ha conducido a Colombia a ser una vergüenza social internacional. El problema es que el pueblo colombiano, en su mayoría, ha sido ubicado como espectador cuando debería ser precisamente el actor protagónico del proceso. Y cuando sectores de la población manifiestan su legítimo interés por asomar en el proceso, son silenciados o descalificados. ¿De qué democracia es que estamos hablando?     
  

[i] Igual se le propuso al M – 19 y ya sabemos todos en lo que terminó este proceso, incluyendo candidato presidencial (Carlos Pizarro) asesinado.

CAMINATA CALI - BOGOTA-Contra la injusticia y la brutalidad judicial

Represión y terror, constantes en Colón (Panamá)


CAROLINA A. IDROBO
Heridos, presos sin ley y una niña en estado grave. Policía dio gas y palos en otra jornada de terror
 
Represión y terror, constantes en Colón
VÍCTIMA. Este indigente, que quedó en medio del fuego cruzado de la fuerza policial, fue recluido en el Hospital Manuel Amador Guerrero. Foto: Jaime Cordero | El Siglo
2012-10-23 — 12:00:00 AM — COLÓN. En Colón no hay Estado de derecho. Policías disparan, tiran gases lacrimógenos, golpean a manifestantes. Hubo detenidos sin orden. Una comisión de abogados intentó darles defensa, pero fue imposible. No hay garantías.

Ayer se vivió otra jornada de terror. A las 9 de la mañana la policía comenzó a disparar sobre la marcha del pueblo colonense, convocada por organizaciones sociales y sindicales en rechazo de la Ley 72. Las más de 100 personas que repetían la consigna ‘la tierra no se vende’ por la calle 10 central rumbo a la calle 2, recibieron olas perdigones

En los edificios resonaban pailas. En las calles, explosiones de basura, humo y fuego. Corridas y gritos.

La gente resistió aunque el encuentro con policías significaba la cárcel. No faltó mucho para que empezaran los apresamientos. Mario Cabrera, las hermanas Deika y Florencia Rodríguez, Domitilo Palacio, José González, Adme Bárcenas, Luis Alabarca, Román Rodríguez, detenidos. El dirigente barrial Jorge Luis Almengor tuvo que huir cuando la policía ‘forzó la puerta sin ninguna orden de allanamiento y le golpearon la cabeza’, según denunció su esposa mientras mostraba los destrozos de su casa. Algo parecido sufrió otro dirigente, Virgilo Ávila, apresado, golpeado y encerrado, según narraron sus compañeros.

A las 10 de la mañana la comisión de abogados recibía los primeros nombres de heridos, detenidos y los informes de más allanamientos ilegales. Registraron cada dato que llegaba, con la esperanza de que en algún momento las institución responda en Panamá.

Una hora después, la marcha se calentaba: la gente debía correr, más heridos y detenidos.

A LLORAR A LA IGLESIA

Mientras tanto, en el barrio La Feria cien personas resistían los ataques del Senafront, según contó el tío de ‘Pelón’, el niño muerto por una bala el viernes pasado, cuando empezaron los enfrentamientos. Y así en cada barrio de la ciudad que alberga el meganegocio de la Zona Libre y padece los peores índices sociales del país.

‘¡Unidad, unidad!’ decían las consignas. ‘La lucha es peleando’, agregaban. Eran cientos en María Chiquita; otro tanto en Buena Vista, N uevo San Juan y el 20.

En cada esquina el sonido del metal. ‘¡Dispararon a mansalva!’, contó con los ojos llorosos la profesora Yara Fiengo, que tuvo que refugiarse en la Iglesia San José, sobre la calle 10 y Avenida Central, con un pañuelo con vinagre en la nariz para protegerse del gas irritante.

Esa iglesia, epicentro de encuentro entre organizaciones sociales y líderes de la ciudad, fue cercada luego de que los policías dispararan a los muchachos y la multitud respondiera.

‘Un policía herido es suficiente para que arremetan con toda su fuerza y ya hay un niño muerto, no queremos más víctimas’, decían preocupados los abogados de la comisión. Y es que allí, en la San José, donde se negociaban los asuntos de derechos humanos y recibían los nombres de las personas heridas, desaparecidas, detenidas, empezó a entrar la gente asustada tras los ataques policiales.

‘A la iglesia no pueden meterse’, dijo alguien. Pero los agentes llegaron y empezaron a presionar. ‘Quieren tirar la puerta, la casa de Dios sitiada’, dijo una de las mujeres que atendía a los golpeados entre las bancas.

Tomaron el edificio de al lado y dispararon desde la azotea, contó la secretaria de la Coordinadora Estudiantil Universitaria. Afuera algunos respondían a la policía. Desde el último piso de la Casa Lara también apuntaban más agentes.

SUMAN VÍCTIMAS

Un joven herido en Buena Vista, seis heridos de bala en el cuarto de urgencia del Hospital Manuel Amador Guerrero: dos de gravedad. Una niña herida en la comunidad de Santa Rita, en Sabanitas.

Según el médico de urgencias del hospital, Mariano López, la situación es tan complicada que solo recibieron los heridos que normalmente reciben en una semana: ‘Sumamos las víctimas de casi un mes en cuatro días’.

La represión fue constante en otro día de terror para Colón. En La Feria allanaron las viviendas y sacaron a los jóvenes de sus casas, en Puerto Escondido tiraron balas y cortaron la luz en toda la Transístmica. Ellos, otra vez, prometen resistir.
 http://www.laestrella.com.pa/online/impreso/2012/10/23/represion-y-terror-constantes-en-colon.asp

CARTA ABIERTA A LOS NEGOCIADORES UN PROCESO DE PAZ CON PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS


CARTA ABIERTA A LOS NEGOCIADORES
UN PROCESO DE PAZ CON PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
Bogotá, octubre 8 de 2012

Señores negociadores plenipotenciarios  del gobierno:
Humberto de La Calle
Luis Carlos Villegas                                                          
Óscar Naranjo
Jorge Enrique Mora
Frank Pearl
Sergio Jaramillo

Señores Negociadores plenipotenciarios de las FARC-EP:
Iván Márquez
Rodrigo Granda
Andrés París
Marco León Calarcá
Simón Trinidad
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -Movice-, saluda con mucha esperanza la proximidad del inicio de negociaciones de paz en Colombia  y espera que a esta iniciativa se adhiera prontamente el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Nosotros y nosotras, víctimas de los crímenes del  Estado colombiano, encarnando la experiencia de una de las causas fundamentales del conflicto social y armado en nuestro país,  consideramos que la negociación política  es  la  salida efectiva a más de 50 años de guerra.  Sin embargo, creemos que este proceso no compete únicamente al gobierno y a la insurgencia, sino que debe contar con  la activa participación de las víctimas y de la sociedad civil en su conjunto, y culminar con cambios estructurales democráticos e incluyentes; así como con reformas económicas, sociales, políticas, culturales y  ambientales.  También debe concluir con el esclarecimiento de lo ocurrido, con la reparación y reconstrucción de los tejidos sociales destruidos, y con el castigo a los responsables de los crímenes de Estado como elemento fundamental para avanzar en la reconciliación tan anhelada por la sociedad colombiana.
Desde esta perspectiva, queremos manifestar algunas propuestas iniciales que deben ser tenidas en cuenta, en consideración al derecho que nos asiste. 

CONSIDERACIONES:
         El conflicto social y armado en Colombia hunde sus raíces en la exclusión política, económica y social a la que ha estado sometida la mayoría de la población colombiana. Las desigualdades sociales son el producto de la concentración  en una minoría  de lo que es producto del esfuerzo y trabajo de toda una colectividad, de allí la  necesidad de reconocer el carácter político de este conflicto.

         Toda consideración sobre la violencia en Colombia debe partir del reconocimiento de la existencia de crímenes de Estado, y asumir que su esclarecimiento no es sólo un elemento central del derecho que tiene la sociedad de conocer las causas que le han llevado a la violencia, o del derecho de las víctimas a la reparación integral; sino que este reconocimiento conduce también a sostener el carácter político de este conflicto.

         Las prácticas  genocidas y crímenes de Estado se han justificado con la existencia de un conflicto armado, pero en realidad no han tenido otro propósito que  debilitar y eliminar las iniciativas sociales que han realizado propuestas alternativas en torno a la propiedad de la tierra, a la destinación del territorio; a la explotación de la naturaleza y de sus recursos; al fortalecimiento de la  economía campesina, a la necesidad de fortalecer la producción nacional, al cambio de modelo político, social y cultural; a la restructuración  y democratización del poder, y a la redistribución de la riqueza como manera de  superar todas las formas de exclusión. 

En este sentido la criminalidad estatal hace parte de una estrategia de represión,  acumulación, exclusión económica, política,  social y cultural, que ha tenido como principal excusa al conflicto armado para  debilitar y eliminar las iniciativas sociales y propuestas alternativas.   De aquí, que las víctimas de los crímenes del Estado en Colombia han  sido, y continúan siendo, las expresiones organizadas  e inconformes de la población civil, los movimientos políticos de oposición, las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y estudiantiles, los y las defensoras de derechos humanos,  entre otros. Quienes al ser señalados como  “brazos desarmados y fachadas de la subversión” y como parte de “la guerra jurídica y política de la guerrilla”, son estigmatizados y judicializados para poner en funcionamiento planes y prácticas de eliminación y exterminio. El caso del partido político Unión Patriótica (UP) es uno de  los ejemplos más  palpables de nuestra  historia reciente. 

Mientras estas concepciones  y prácticas no sean eliminadas de las instituciones del Estado, no se podrá avanzar hacia la paz, ni se harán efectivas las garantías de no repetición.

         En la dinámica de la criminalidad estatal, también ha sido determinante el despojo de 10 millones de hectáreas, usurpadas a sus legítimos propietarios o tenedores  gracias al desplazamiento forzado.  Este despojo, y las amenazas de despojo que en la actualidad subsisten, coinciden con intereses en obras de infraestructura o de explotación de recursos, y dan vía libre a la implementación de proyectos de acumulación de capital en el campo.  Un proceso de paz debe entonces redefinir los acuerdos comerciales para que sean democráticos y justos en lo social y en lo ambiental.

         Los crímenes de Estado han combinado métodos legales e ilegales, entre ellos el impulso y apoyo a estructuras paramilitares. La Corte  Interamericana de derechos humanos (CIDH) ha reconocido como un hecho probado la responsabilidad del Estado en la creación de estas estructuras criminales,  no sólo por haber adoptado una serie de medidas  legislativas que permitieron al Ejército colombiano armar a la población civil; sino por los innumerables fallos judiciales que han establecido la complicidad entre grupos paramilitares,  fuerza pública, organismos de seguridad del Estado,  sectores de la clase política tradicional, gremios económicos, y empresas nacionales y extranjeras.    De aquí que el Estado deba responder de forma directa por los crímenes cometidos por estas estructuras así como por los problemas del proceso de desarme y desmovilización.

         En la actualidad continúan ejecutándose crímenes de Estado sin que se generen avances satisfactorios para su no repetición y para las garantías de nuestros derechos. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) afirma que entre el 7 de agosto de 2010 y el 23 de julio de 2012 se cometieron 58 homicidios contra sindicalistas;  la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) informa que entre enero y julio de 2012 se presentaron 54 homicidios en contra de integrantes de los pueblos indígenas; y  el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado ha registrado durante el periodo del gobierno de Juan Manuel Santos 186 agresiones contra sus integrantes.

         Durante el Gobierno de Juan Manuel Santos se han implementado numerosos  mecanismos legales de impunidad como el Marco Jurídico para la Paz, la prórroga de la Ley de Justicia y Paz, y la propuesta de fortalecimiento del Fuero Penal Militar.  Que más allá de facilitar un diálogo con la insurgencia, buscan aplicar indultos velados a los militares, policías y paramilitares involucrados en la comisión de crímenes de lesa humanidad.

         Expresamos nuestra preocupación por la carencia de garantías en materia de participación de la sociedad en los diálogos de paz. A la fecha no conocemos de la existencia  de escenarios o mecanismos para escuchar a las víctimas de crímenes de Estado y mucho menos de garantías políticas y materiales para preservar la vida e integridad física de quienes eventualmente pudiesen participar en el proceso.
Conforme a lo anterior expresamos lo siguiente:
         Exigimos que se avance hacia el cese bilateral de hostilidades como garantía fundamental para la preservación de la vida de las comunidades en las zonas donde se desarrollan las confrontaciones.  En esa perspectiva, hacemos un llamado a los respectivos actores armados a cumplir con las prescripciones del Derecho Internacional Humanitario y comprometerse a la suscripción de un Acuerdo Humanitario que priorice como mínimo aspectos como la no militarización de centros escolares, la prohibición del desplazamiento forzado, el no reclutamiento de menores de edad, la protección y respecto a la misión médica, la prohibición de las minas antipersonales y la proscripción de ataques a bienes indispensables para la supervivencia de la población

         Exigimos que cesen los hostigamientos contra la población organizada por parte de las Fuerzas Armadas y de los grupos paramilitares. Y exigimos el desmonte real de las estructuras paramilitares.

         En virtud del derecho a la participación que corresponde a las víctimas frente a todas las decisiones que les afecten, exigimos la apertura de escenarios de expresión, seguimiento y diálogo en los niveles nacional y regional.  Esta participación debe ser regida por el respeto a la autonomía de las víctimas y de sus organizaciones, propender por  el fortalecimiento de las organizaciones de víctimas y garantizar que las propuestas de las víctimas sea tenidas en cuenta en el logro de una paz estable y duradera.

         Solicitamos que la participación de las víctimas de crímenes de Estado se de más allá de la participación en el Consejo Nacional de Paz (escenario propuesto  por el gobierno nacional), por considerar que este espacio no permite la participación real de las víctimas y es susceptible de la cooptación por parte de los funcionarios del gobierno.

         Con el fin de dar pasos adelante, el MOVICE comunica a todas las víctimas, a la sociedad colombiana,  al Estado y a la insurgencia, la existencia de un trabajo de más de diez años en la construcción de la verdad y resguardando la memoria de las víctimas de crímenes de Estado en Colombia, sintetizado en propuestas como el Proyecto Colombia Nunca Más y la Comisión Ética por la Verdad.  Este trabajo, entre otros, debe fortalecerse, garantizarse e impulsarse como parte de los escenarios de participación que las víctimas  exigimos.

         Exigimos que cesen los montajes judiciales, las desapariciones forzadas, los hostigamientos y amenazas, y la injusta persecución y judicialización de la protesta social, ya que en la movilización y en  ejercicio de la ciudadanía se encuentran las posibilidades de éxito del proceso  de paz como proceso de democratización, de no repetición, de garantía de los derechos humanos y de transformaciones estructurales.

         Por último, valoramos que se incluya en las negociaciones el tema de los presos y presas(as) políticas, pero este punto debe permitir el abordaje de la problemática  carcelaria en general  como elemento necesario para la construcción de la paz.
Esperamos que los hombres y mujeres que hemos sufrido  las causas y los efectos de esta guerra seamos tenidos en cuenta, y que se consulte de manera prioritaria las propuestas de las iniciativas de la sociedad por la paz, expresadas en el Congreso de Paz, las Constituyentes por la Paz y la Ruta Social Común por la Paz.
Agradecemos la atención.


Cordialmente,


Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice

Semana de la Indignación- 9 de Octubre 2012

Semana de la Indignación- 10 de Octubre Cali

Semana de la Indignación


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Semana de la Indignación


Semana de la Indignación


Semana de la Indignación


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Conmemoración Jhonny Silva 7 años de Impunidad